martes, 3 de abril de 2007

Reseña Histórica de la Prostitución en el Perú

Existen informes que afirman que la prostitución existía en el Incanato. Si bien no se tiene claro cuáles fueron los motivos, se supone que las mujeres dedicadas a esto (pamparuna: persona o mujer de plaza, mujer pública) fueron primero sancionadas. Por algún motivo desconocido se les quitó de la distribución de tierras y productos, lo cual las llevó a padecer penurias y no les quedó más que dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir.
Lora menciona que Garcilazo de la Vega, en su obra Los Comentarios Reales, refiere también que en el Incanato hubo prostitutas, llamadas “papaganas”, debido a “las migraciones internas obligatorias y a la desigualdad social y de poder que esto generaba”.
Con la conquista, la prostitución se incrementó. Se dieron condiciones por las cuales las mujeres indígenas se involucraron en la prostitución o fueron forzadas a hacerlo. Las mujeres indígenas fueron en muchos casos violadas, y dado que la honra de una mujer radicaba en su actividad sexual, eran sancionadas socialmente. Ya nadie las buscaría para casarse o tener una relación estable, lo cual les permitiría tener acceso a una vida con mayores posibilidades económicas en base a la dependencia de su pareja.
Asimismo, la muerte de hombres indígenas durante la conquista contribuyó más al deterioro de la economía de las mujeres. Pero todo esto se sumó a la gran demanda de los españoles por prostitutas, lo cual se fue incrementado con el crecimiento de las ciudades: “La sociedad colonial trajo la naturaleza urbana de la prostitución”.
En la colonia, el Virrey Toledo establece que la prostitución en Lima se debía circunscribir a la calle Las Barraganas. Incluso por eso se les denominaba con el mismo nombre a quienes se prostituían.
Ya en la República, las mujeres dedicadas a la prostitución se ubicaban en las márgenes del río Rímac, en la calle de los Patos en Callejón Romero. Durante la gestión presidencial de Augusto B. Leguía, las prostitutas se situaban frente al Palacio de Gobierno, por lo cual este presidente pidió que se legislara sobre el tema, y designó a Monseñor Dávalos y Lissón, Obispo de Lima.
Monseñor censó a 120 meretrices y elaboró en 1911 lo que ahora se conoce como “Licencias Especiales”, las cuales han ido teniendo modificaciones a través del tiempo.
En 1910 se dio la primera reglamentación y se observó un incremento notable de la prostitución.
El número de prostitutas mencionado por Dávalos y Lissón, en comparación con otras ciudades de América Latina, era reducido, frente a lo cual Bracamonte lo interpreta como “una cifra conservadora debido a la tardía imposición de la reglamentación que obligaba a estas mujeres a registrarse ante las autoridades a fin de ejercer el oficio de prostitutas.
Consideran que esta actividad se vio afectada por la pobreza como consecuencia de la guerra con Chile, ya que en 1914 -1915, después de la reglamentación, el número de mujeres inscriptas en la actividad prostibularia era de 588, y en una década había aumentado considerablemente.
Además, Lora refiere que en 1925 hubo una atracción por las chilenas, dándose por primera vez el tráfico de mujeres. Se les llamaba “chilenas”, un modo de estigmatizar lo chileno como vergonzoso.
Bracamonte refiere que a inicios del siglo XX Lima tenía tres categorías de prostíbulos: “los de clase ínfima, ubicados en el Callejón de Romero, Colchoneras, Alguacil, Tajamar, Huarapo, Acho y Chivato; los de clase mediana, ubicados en los lugares de Salud, Huevo, Acequia Alta, Panteoncito, Puerta falsa del teatro, Mandamientos y el jirón Amazonas; y los de clase superior, ubicados en los lugares de Los Patos, Comesebo, Orejuelas, San Sebastián, Barranquita, Juan Simón, Naranjos, Penitencia y Moserrate”.
Además de estos locales, también existían otro tipo de burdeles donde se consumía alcohol, música y baile. La prostitución iba adquiriendo importancia, lo cual también afectaba la subjetividad de los demás habitantes.
La presencia de la prostitución llevó sobre todo a las clases altas a exacerbar sus temores y establecer límites que diferenciaran a las mujeres prostitutas de las mujeres buenas (madres, esposas, hijas). Se puso énfasis en el honor y la decencia femenina, para que éstas fueran visibles públicamente y no fueran confundidas con la imagen de prostitutas.
Esto se traduce en “actitudes, comportamientos, formas de expresión” que eran inculcados en las familias, para demostrar su honorabilidad en cada una de sus acciones.
Con todo esto, un espacio que fue invadido fue el lecho conyugal, lo cual influyó en la sexualidad de las mujeres y las relaciones con los hombres: las “mujeres decentes” no podían manifestar sus deseos por ser ello manifestación de las “prostitutas”.
Bracamonte cita al Dr. F. Merkel: “La práctica demuestra, como lo ha demostrado siempre, que el matrimonio no satisface las aspiraciones de todos los hombres que se han casado y casan. No hacemos referencia a las infidelidades, [...] sino queremos hacer recordar que existen psicopatías sexuales, muy largas de enumerar, a la satisfacción de las cuales ni una mujer se prestaría, ni el marido, que debe ser considerado como enfermo, sería capaz de exigir a su consorte, a la que respeta y quiere como a digna compañera y madre ejemplar de sus hijos. Y así se encuentra ya, desde tiempo inmemorial, un grupo social de mujeres destinadas a este objeto: llenar el vacío que para algunos hombres deja el matrimonio”.
Asimismo, los temores en las familias empobrecidas aumentaban porque las mujeres jóvenes podían ver a la prostitución como una alternativa para cubrir sus carencias.
Conforme aumentaba la prostitución, también “resultaba urgente la necesidad de exorcizarla, para lo cual debía ser convocada, satanizada y estigmatizada”.
Los médicos de ese entonces, como autoridades de la ciencia, identificaron a las prostitutas como la fuente de enfermedades venéreas. Vistas como un peligro para los varones jóvenes que podían ser engañados al no decirles las mujeres su verdadero estado de salud. Por otro lado, las prostitutas eran un mal ejemplo para las menores de edad, ya que podían ser inducidas a “caer en las redes del vicio”.
La visión sanitaria era que “el meretricio favorece la difusión de enfermedades venéreas, de las cuales unas dañan al individuo y otras influyen en la descendencia, convirtiéndose en factor de degeneración genésica”.
Esto se convirtió en parte del argumento para la normatividad sobre la prostitución. Mannarelli refiere que entre 1905 y 1910 hubo una alta incidencia de sífilis, más entre negros, después blancos, mestizos, amarillos e indios, y dado que había una “conspiración del silencio” por ser el tema sexual un tabú, la falta de información adecuada exponía a los jóvenes, quienes guiados “por sus necesidades fisiológicas y satisfacciones morales” encontraban en la prostitución una “fuente pródiga” para satisfacerse.
Se reconocían estas “necesidades fisiológicas” del varón como un imperioso impulso, el cual encontraba en el “amor reglamentado”, la prostitución, un medio para satisfacer ese apetito sexual.
De una u otra manera, se justificaba la existencia de la prostitución a favor de los varones, y se cuestionaban las acciones de las mujeres involucradas en prostitución, estableciéndose incluso una clasificación de causas, a saber: “intrínsecas: temperamento lúbrico, perversión precoz y falta de educación y extrínsecas: mala educación, insuficiencia de salarios, atractivo del placer y lujo, desaparición de los principios religiosos, descenso del nivel moral, seducción, primer desliz, reprobación social, influencia de libros y figuras obscenas, abandono del amante, etc. Como causas de orden social se mencionan: condición del domicilio, ambiente familiar, medios de subsistencia individual y de la familia, etc.”
Asimismo, ya se reconocía la existencia de prostitución clandestina, esto es, la que es
ejercida por mujeres en algunos casos en sus casas o en algún local, o las que se pasean por las calles y plazas.
En 1935, la “Liga Nacional de Higiene y Profilaxia” empieza a luchar por la represión de la prostitución; se dan posturas a favor del abolicionismo y en contra de la reglamentación, como también quienes consideran que la reglamentación es lo que permitirá manejar los problemas de salud suscitados por ese grupo de mujeres.
En 1936, se organiza el Comité Abolicionista Peruano.
En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el texto de un Convenio cuyo primer considerando dice: “La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo y de la comunidad”. La Asamblea invita a los países a tomar medidas legislativas abolicionistas.
En 1956 se dan normas sobre la inspección y carnetización dictadas y ejecutadas por el Ministerio de Salud. Esto implicaba el control sanitario de las mujeres en prostitución cada 15 días.
En 1957, diecinueve países ratifican el Convenio de 1949; el Perú persiste con el régimen reglamentarista. Se aprueba el nuevo reglamento de Licencias Especiales de Policía, considerándose la prostitución entre las actividades incluidas en dicho reglamento.
La Asociación Peruana de Higiene lanza un comunicado a la ciudadanía, y a fines de 1957 se expide un Decreto Supremo: una declaración en pro de la abolición.
En 1967 se constituye una nueva Comisión para estudiar el problema, que presenta un informe sobre la situación de la prostitución, donde en base al estudio de casos de mujeres involucradas en prostitución plantean algunas recomendaciones teniendo en cuenta el objetivo con el que fue convocada: “disponer medidas que prevengan la prostitución y aseguren la debida recuperación de quienes han incurrido en ella”, siendo entre otras el reconocimiento de la presencia de menores, las diferencias con las que se considera a la mujer frente al hombre que la prostituye, la existencia de grupos interesados en mantenerla y la desorientación de la opinión pública que juzga la prostitución legítima pero desprecia y condena a la prostitución.
Además este informe señala algunas medidas dentro de la Rehabilitación, Prevención y lo Legal. Mayormente, estas medidas apuntan a la mujer que se prostituye, planteando su reclusión y tratamiento, al mismo tiempo que enfatizan las redadas para quienes no tienen licencia. Aluden tangencialmente a la demanda.
Entre 1972 y 1983 se dieron 4 modificaciones a las licencias especiales.
En 1985 se designa a las Municipalidades para ejercer el control de la prostitución, que hasta ese entonces estaba a cargo del Ministerio del Interior, quienes estipulan una serie de requisitos, dentro de un reglamento, para el funcionamiento de locales.
Mientras tanto, a partir de 1990 la prostitución clandestina aumenta considerablemente en las calles del centro de Lima.
En 1993 se deroga este reglamento y se emiten ordenanzas municipales que establecen multas y sanciones a los locales que no tengan licencia. Asimismo, se dieron normas municipales que planteaban la obligatoriedad de exámenes médicos.
Entre 1995 y 1998 se enfatiza nuevamente que las prostitutas son un foco infeccioso. Por este motivo las mujeres eran detenidas, llevadas a centros de salud y, en caso de que se encontraran infectadas con alguna ETS, eran encarceladas por delito contra la salud pública.
A finales de esa década se calculaba que alrededor de 12.000 prostitutas estaban ofreciendo sus servicios en el Centro Histórico de Lima. El 20% estaban comprendidas entre los 13 y 17 años, si bien entidades gubernamentales hablan de cifras mucho mayores, planteando que 75.000 mujeres se dedican a la prostitución en la ciudad de Lima, no pudiendo dar cifras exactas sobre las que se encuentran en prostitución clandestina.
Paralelamente al incremento de mujeres, desde 1992 se ha dado una proliferación de hostales, cines pornográficos, discotecas, etc.
Asimismo surgen medios de difusión de la oferta de servicios sexuales. Los medios de comunicación juegan un rol importante; los diarios mantienen secciones específicas donde se ofrecen estos servicios; también hay espacios televisivos y páginas web donde se ofertan incluso a niños, niñas y adolescentes. La pornografía como antesala de la oferta de servicios sexuales ha ido también incrementándose.
Por otro lado, con el surgimiento del VIH/SIDA, en los años 80 las mujeres en prostitución fueron objeto de diferentes investigaciones relacionadas con la incidencia o prevalencia de ETS.
Se ha observado que en los últimos años se ha incrementado el número de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. Esto ha originado una mayor movilización de recursos en un abordaje de esa población. Sin embargo, no se trabaja con la demanda y quienes lucran con la explotación: es un extraordinario negocio.
En el 2004 se promulgó la ley 28.251, que sanciona al usuario de mujeres cuyas edades estén comprendidas entre los 14 y 17 años, lo cual era un gran vacío legal.
Las investigaciones sobre el tema de prostitución se iniciaron desde un punto de vista biomédico. Sin embargo, en los últimos años se está intentando un enfoque psicosocial, aunque siempre enfatizando la visión de la mujer que se prostituye y no la de la presencia del cliente.
La prostitución callejera está entendida como la comprendida por mujeres, niños, niñas y adolescentes de estratos socio-económicos con menos recursos. Al ejercerse en la calle y en locales que no cuentan con licencia, quienes ofrecen estos servicios son blanco de mayor estigma y persecución, siendo objeto de mayor violencia y abuso de autoridad.
Esta modalidad de prostitución es la más perseguida por acciones dirigidas por la Municipalidad. Preocupada porque no pagan tributos, argumenta que las prostitutas atentan contra la seguridad de los usuarios al no estar registradas y no contar con control médico.
En los últimos años, las mujeres involucradas en prostitución, denominadas trabajadoras sexuales, se agrupan en asociaciones. Tal es el caso del Perú donde surge la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska y Dignidad. Esta asociación argumenta su organización en aras de defender sus derechos, contra la violencia y a favor de la protección de su salud.
Trapasso sostiene que “la defensa de las mujeres denominadas trabajadoras sexuales es una medida de corto plazo puesto que no cambia o modifica las relaciones de dominación y subordinación entre el cliente y la persona proveedora de sexo. La defensa de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución no cambia el hecho de que los hombres compran el cuerpo de la mujer. Si creemos que toda mujer es dueña de su propio cuerpo y tiene el derecho de vivir su sexualidad dentro de relaciones de mutualidad, respeto y justicia, entonces la prostitución y el tráfico de mujeres son totalmente inaceptables. Mas bien, estando convencidas de que los derechos sexuales son elemento fundamental de los derechos humanos, entonces toda manifestación de explotación sexual tendría que ser desterrada”.
Esto ha llevado a algunas entidades estatales y privadas a participar de eventos donde el tema a discutir es los derechos de estas mujeres, sin darse cuenta de que están luchando por la institucionalización de la prostitución, que atenta contra ellas mismas y responde a la gran demanda.
Paralelamente se están dando propuestas para la creación de “zonas rosas”, que parten desde algunas autoridades, en un intento por controlar la presencia de mujeres en las calles y argumentando que eso permitiría resguardar la seguridad del usuario.
La concepción de la prostitución es sesgada y por ello los diferentes abordajes responden a los estereotipos y mitos que se han mantenido a través de la historia del país.
(Fuente: ¿Mercancía sexual?: Cómo Hemos Creado la Demanda para la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Perú una Investigación de IDEIF – Instituto de Estudios para la Infancia y la Familia (Iquitos), CODENI (Cusco), REDES (Huancayo), Movimiento El Pozo (Lima) con la colaboración de ECPAT International, Noviembre 2005)

Ilustración: "Yacuruna", 2004 de Danna d'Coz